Lilia Arellano
“La violencia es como una mala hierba, no muere aún en la peor sequía”: Simon Wiesenthal
● A un paso del narcoterrorismo
● Presiona EU a López Obrador
● En Q.Roo, Burundanga caribeña
La creciente ola de violencia resentida en todo el país aún no le ha pasado la factura completa al régimen de Andrés Manuel López Obrador. Por el contrario, en las pasadas elecciones hasta el propio mandatario le dio las gracias a las organizaciones criminales, las cuales, de acuerdo con la oposición, operaron para la gestión del tabasqueño, sobre todo en las entidades de la llamada ruta del narco: Guerrero, Michoacán, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas y Baja California. Sin embargo, eso puede cambiar pronto, en el ejercicio de revocación (tramposamente expuesto como confirmación) del mandato de AMLO en abril, o en las próximas elecciones locales en junio en Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo y Aguascalientes, y, sin duda, en la elección federal de 2024.
Como aspirante presidencial, López Obrador prometió en enero de 2018, que si ganaba la elección federal pacificaría el país en tres años. Ese periodo ya transcurrió y los resultados son todo lo contrario. La administración del tabasqueño ya superó los 105 mil asesinatos, y suma más homicidios dolosos que los dos gobiernos anteriores de Felipe Calderón, con 39 mil 529 en la primera mitad de su periodo, y de Enrique Peña Nieto, con 49 mil 276, de acuerdo con los datos de Causa en Común, y de la organización Justice in México. Además el país se encuentra inmerso en una crisis de derechos humanos con altos índices de violencia e impunidad desde hace más de una década.
Con el incremento de personas desaparecidas y la incapacidad de los funcionarios para atender las miles de denuncias, el 2021 cerró como otro año con violencia incontenible, y este 2022 pinta para ser aún peor, como lo demuestran las ejecuciones de periodistas. A pesar de todo, el gobierno de López Obrador insiste en su propaganda aseverando ya disminuyó el número de víctimas, lo cual es totalmente falso. Las presiones por parte de la sociedad civil mexicana para solucionar el problema de la violencia se incrementan en diversos estados como Zacatecas, Michoacán o Quintana Roo, en donde se pega a todos los sectores, desde ciudadanos civiles de a pie, hasta políticos y periodistas y defensores de derechos humanos.
Mientras la presión de Estados Unidos sobre nuestro país se agudiza para combatir a los cárteles de la droga, sobre todo por la crisis social surgida por la muerte de cada vez más personas con el consumo de fentanilo. La semana pasada, en el Senado de la República, legisladores del PAN pidieron al Gobierno federal trabajar en una estrategia eficaz contra la delincuencia organizada para lograr frenar la fuerte escalada de violencia registrada en los últimos meses en el país la cual, aseguran, se ha salido de control.
La delincuencia organizada comienza a utilizar artefactos propios de acciones terroristas y esto debe ser frenado de inmediato. Al respecto, la senadora Kenia López Rabadán, destacó: “Esta acción de pisar una mina o de, digamos, tocar una mina y que esto explote pues pareciera era historia de otros países. Es increíble cómo en México la delincuencia está tomando desafortunadamente rutas terribles que ponen en entredicho la vida de los mexicanos”, La legisladora panista denunció que los municipios, colonias, alcaldías o poblados que son manipulados y controlados por los narcos y miembros de la delincuencia organizada aumentan a diario. “Por eso es que nosotros seguiremos exigiendo una estrategia clara de seguridad en este país. Hoy lamentablemente no la hay. Esa estrategia de “abrazos no balazos” no funcionó para México, no funciona para los mexicanos, pero si funciona para los delincuentes y eso es terrible”.
El propio gobierno federal confirmó la existencia de más de 250 artefactos explosivos improvisados, sembrados como minas antipersonales por el Cártel Nueva Generación (CNG) en caminos de terracería, casas y bodegas abandonadas de Aguililla, Tepalcatepec y Coalcomán, de los cuales aseguran han sido desactivados hasta el momento por Fuerzas Especiales del Ejército. Desde finales de enero pasado, los militares desplegados en dichas localidades detectaron los primeros artefactos enterrados a 10 centímetros de profundidad, los cuales ya provocaron la muerte de un campesino y heridas de gravedad a su hijo, en El Aguaje. De acuerdo con las autoridades, el grupo criminal liderado por Nemesio Oceguera, “El Mancho”, colocó los explosivos para evitar el ingreso de rivales con quienes disputa el territorio.
Militares del Grupo de Respuesta a Emergencias y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas peinan zonas de Aguililla y Tepalcatepec para localizar, retirar y destruir los artefactos elaborados con un tubo de metal relleno de pólvora y fragmentos metálicos. En la comunidad de Naranjo de Chila se encontraron la mayoría de los explosivos, a 150 metros de distancia entre uno y otro, según los reportes militares.