Para el gremio periodístico organizado representado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, las decisiones de la jueza Guadalupe Martínez Taboada son una clara muestra de censura y control informativo, que en confabulación con el poder político, desde la más alta esfera del Ejecutivo del estado de Campeche, pone en riesgo el ejercicio libre de informar no solo del colega Jorge Luis González Valdez, sino del periodismo en su conjunto.
El periodista Jorge Luis González Valdez, quien ejerce en el estado de Campeche, ha sido víctima de una serie de medidas que vulneran la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad laboral y de asociación, así como exceso del poder, al haber sido vinculado a proceso por la jueza Guadalupe Martínez Taboada, por considerar que incurrió en los delitos de incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora de esa entidad, Layda Elena Sansores San Román. Campeche tiene penalizados los delitos de Odio y la Calumnia.
La jueza, en un claro exceso de sus facultades y con argumentos contrarios a los derechos humanos, le prohibió al comunicador ejercer esta actividad, ordenó el cierre de su periódico digital “Tribuna” y vinculó a proceso al representante legal de la empresa editora Organización Editorial del Sureste. No se determinó la prisión preventiva, porque el imputado es de la tercera edad, tiene 71 años.
La Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo de Jakson Villacís Rosado, logró que a partir de la denuncia presentada por la Gobernadora de la entidad, la jueza prohibiera al periodista con más de 50 años de trayectoria profesional, emitir opiniones “negativas” en contra de la titular del Ejecutivo y de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz; el advertimiento indica que, en caso de violar la orden de protección de la que gozan las funcionarias estatales, se haría acreedor a una sanción económica y un arresto de hasta 36 horas.
En otro asunto, se ordenó el embargo de sus propiedades para garantizar el pago de la sanción impuesta ante la denuncia por daño moral, por una suma de dos millones de pesos, interpuesta por el director estatal de Comunicación Social del gobierno de Campeche, Walther Patrón Bacab.
Estamos ciertos que las instancias judiciales superiores protegerán al periodista, a su libre desempeño profesional y por supuesto a echar abajo la absurda orden de desaparecer un portal informativo; desde estas asociaciones estaremos atentos y lucharemos porque así sea.
Es de resaltarse que, desde el poder, las posturas, actitudes, políticas y conductas para someter al periodismo a controles son cíclicas; lo que hoy padece el colega González Valdez, debe servir para estar alertas para evitar iniciativas que solamente buscan someter a su yugo el ejercicio libre y profesional de informar. Aquí varios ejemplos recientes:
El artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, específicamente en el Capítulo VIII, trata sobre el control informativo y la posibilidad de bloqueo temporal de plataformas digitales. Esta intentona fue detectada en las discusiones primarias en el Senado de la República; a finales de este mes, en periodo extraordinario, se conocerá si fue retirado o modificado de la norma.
La iniciativa del diputado panista morelense, Gerardo Abarca Peña, de pretender nuevamente penalizar los mal llamados delitos de prensa: difamación, injuria y calumnia, lo cual representaría un retroceso a los logros del gremio en el respeto y apoyo irrestricto a las libertades de prensa y expresión, así como al derecho de la sociedad mexicana a estar bien y oportunamente informada. La Asociación de Periodistas y Comunicadores de Morelos, junto con la FAPERMEX y el CONALIPE, se opusieron y se mantienen en pie de lucha para evitar su aprobación.
También en Morelos, el diputado Daniel Martínez Terrazas, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud y el Código Penal del estado de Morelos, con el fin de introducir el concepto de “dignidad póstuma” en el marco legal. La propuesta busca asegurar un trato respetuoso a las personas fallecidas y a sus familiares, prohibiendo la difusión de imágenes de cadáveres en medios impresos estatales sin el consentimiento expreso de familiares de primer grado. Aunque el proyecto de ley indica que exceptúa a los informadores profesionales, es una herramienta muy peligrosa para generar control informativo y sanción a críticos del poder.
Las recientes reformas al Código Penal de Michoacán para tipificar la apología del delito constituyen “una amenaza grave y latente contra la libertad de expresión, la crítica pública, la expresión artística, la organización ciudadana y la participación política”. La organización Ni Uno Más Michoacán advirtió que quedó configurado “un tipo penal ambiguo y de interpretación expansiva que puede ser utilizado para vigilar, sancionar o inhibir las ideas, la crítica, así como el disenso social y político”.
La publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla de la reforma al Código Penal que da vida al “ciber asedio”, que da pie a castigar hasta con tres años de prisión a quienes “critiquen de forma insistente a través de redes sociales”. La nueva figura penal se configura a quienes “ofendan, injurien o agravien” a otra persona en entornos digitales. Organizaciones de periodistas han señalado que la redacción del tipo penal es tan vaga y ambigua, que abre la puerta a la criminalización de periodistas, activistas y ciudadanos incómodos para el régimen estatal.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, manifiestan su preocupación ante la persecución política en contra del compañero Jorge Luis González Valdez, encabezada por la gobernadora Layda Sansores San Román, así como del asedio judicial cómplice, del cual seguramente encontrará protección en instancias superiores, por ser víctima de sanciones que claramente vulneran sus derechos humanos y libertad para ejercer el periodismo.
